Quieren consejeros INE libertad salarial, presentan juicio contra tope impuesto por AMLO
El INE promovió el 23 de enero una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, con lo que se sumó a cuatro órganos autónomos que han pedido a la Corte que no se les aplique el tope de 1.7 millones de pesos netos anuales que percibirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Corte turnó ayer el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel, quien previamente negó suspensiones para mantener los salarios de 2019 a la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México, por lo que es un hecho que el INE correrá la misma suerte.
El INE también pidió a la Corte anular la reducción de mil 71 millones de pesos que la Cámara de Diputados le aplicó a su solicitud presupuestal para este año.
Debido a la lentitud con que la Corte tramita estas controversias, es posible que no llegue a existir un pronunciamiento de los Ministros sobre la validez del recorte o del tope salarial, como ocurrió con las demandas contra el PEF de 2019, en las que no se dictó sentencia de fondo.
Aun si la Ministra Esquivel niega la suspensión contra el tope salarial, los altos mandos del INE mantienen, por ahora, ingresos superiores a los previstos en el PEF, pues así lo determinó su Consejo General al aprobar el Manual de Remuneraciones para 2020.
El INE aplicó el Artículo 127 de la Constitución, que permite que cargos de alta especialidad perciban hasta 50 por ciento más que el Presidente, por lo que autorizó salarios superiores a 1.7 millones de pesos para los consejeros, secretario ejecutivo, directores ejecutivos y titulares de unidad.
Por esta decisión, el Contralor Interno del INE, Jesús George Zamora, anunció el 16 de enero que iniciaría una “investigación” sobre posibles responsabilidades de los Consejeros, pese a que él mismo es uno de los beneficiarios de la no sujeción al tope salarial.
Sobre este tema, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó desde el 2 de enero una demanda de amparo, para impugnar “el posible y eminente procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en contra del quejoso por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo”, al pagar salarios superiores a los del PEF.
Ana Luisa Priego, jueza Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 21 de enero una suspensión provisional, que no es pública, pero que presumiblemente protege a Jacobo Molina contra sanciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el único autónomo que ha conseguido una suspensión en la Corte para mantener en 2020 ingresos superiores al Ejecutivo, porque su expediente está en manos del Ministro Alberto Pérez Dayán.